Mientras el buque Rowan Renaissance continúa realizando las catas a 54 kilómetros de las costas de Fuerteventura y Lanzarote, el Gobierno de Canarias ha desvelado que tres de cada cuatro canarios no ve con buenos ojos las prospecciones petrolíferas realizadas desde hace semanas en todo el Archipiélago. El dato proviene de una encuesta encargada por el propio Gobierno regional y que sirve de sucedáneo del referéndum, primero, y consulta después, que no se han podido realizar porque el Tribunal Constitucional ha suspendido ambas iniciativas de forma cautelar.
El sondeo, para el que se han encuestado a 2.772 personas en todas las Islas, concluye que el 75% está en contra de las prospecciones petrolíferas en Canarias y apuesta por un modelo sostenible que respete el principal sector económico canario: el turismo. El resultado de esta encuesta, elaborada por universidades públicas de Canarias, indica también que el 15% de los encuestados es partidario de las prospecciones petrolíferas que lleva a cabo Repsol, mientras que un 9% no opina.
La encuesta consta de diez preguntas sobre las prospecciones, sobre la reacción en este asunto del Gobierno canario y sobre la relación entre los modelos energéticos, turísticos y la calidad de vida. El trabajo, que empezó en Lanzarote a principios de mes y se fue extendiendo al resto de islas, ha sido coordinado por José Luis Rivero Ceballos, catedrático de la Universidad de La Laguna y expresidente del Consejo Económico y Social de Canarias.
A la luz de los datos, el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha insistido en lo que considera un atropello por parte del Gobierno central al no escuchar a la voluntad de las Islas y advirtió de que se no se tiene en cuenta “la oposición del pueblo canario a las prospecciones, se rebelará”. El presidente canario considera que "no están enfrentados los intereses generales de España con los de Canarias" y que lo que hay sobre la mesa "es el choque frontal de los intereses de una multinacional con los intereses de los canarios". En este sentido, ha alertado del daño que el sector turístico podría sufrir "por la codicia de una multinacional, codicia que cuenta con la complicidad del Gobierno del Estado".
Vía: http://politica.elpais.com/politica/2014/11/24/actualidad/1416838609_904766.html
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