La ministra de Sanidad y las comunidades autónomas han
acordado en el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud (CISNS) del año las primeras medidas para regular el uso de los
cigarrillos electrónicos. En las zonas infantiles, los centros de salud y
hospitales, las zonas escolares, los transportes públicos y en la
administración pública, sobre todo en aquellos lugares de atención al
público, va a quedar prohibido el uso de estos simuladores de
cigarrillos. Medidas similares, a la espera de un reglamento nacional,
habían anunciado la Comunidad Valenciana y Andalucía, mientras que
Cataluña quería prohibirlo en todo espacio cerrado.
Para que este pacto pueda entrar en vigor cuanto antes, el
Ministerio va a trasladar esta petición a los partidos políticos para
que se pueda incluir en algún proyecto legislativo en trámite, como una
disposición adicional, y así aprobarse durante el mes de enero en la
Cámara baja. No obstante, la consejera andaluza de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha anunciado que seguirán
con su plan mientras se tramita en el Parlamento.
Ana Mato ha explicado que queda para "más adelante"
equiparar la normativa de los cigarrillos electrónicos al tabaco
tradicional y que serán los grupos parlamentarios los que decidan si
estos nuevos productos deben tener el mismo tratamiento que el tabaco.
De esta manera, las autoridades sanitarias españolas reaccionan al
acuerdo conseguido anoche por la presidencia lituana de la Unión Europea
y los negociadores de la Eurocámara sobre el endurecimiento de las
normas antitabaco. Para poder llegar a un acuerdo, las dos partes
pactaron que la concentración máxima de nicotina fuera de 20 miligramos
por milímetro, con un límite de recargas de 2 milímetros. El resto de
las condiciones legislativas, como si se deben exigir las mismas
condiciones a los medicamentos, se dejó en manos de los estados.
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